Unos 67 millones de bolívares, pertenecientes al municipio San Cristóbal por concepto de Fondo de Compensación Interterritorial, pudieran perderse, por lo que el diputado Homero Ruiz, representante del estado Táchira ante la Asamblea Nacional, y el concejal Eduardo Delgado, presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, reclamaron cuentas claras al Consejo Federal de Gobierno.
Los dirigentes socialcristianos dijeron que de no concretarse la transferencia de estos recursos antes del cierre del ejercicio fiscal, los mismos corren el riesgo de no llegar al pueblo sancristobalense.
—Acudimos hoy ante el despacho del director ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, Guy Vernáez, con el objetivo de exigir cuentas de estos recursos que le corresponden al municipio San Cristóbal; dinero que está destinado para la realización de 27 obras de envergadura; proyectos que fueron consignados a su debido tiempo y que además fueron aprobados por esta instancia de gobierno. En tal sentido, lo que estamos solicitando hoy no es más que un acto de justicia, estos recursos le pertenecen al pueblo san cristobalense y no hay ninguna excusa para que los mismos no le sean transferidos al municipio— afirmó el diputado Homero Ruiz.
El concejal Eduardo Delgado manifestó que esperan obtener respuesta de manera inmediata sobre el destino de estos recursos. “Nosotros estamos aquí porque nos preocupa que estos recursos, que están destinados al mejoramiento de la vialidad, alumbrado público y al mantenimiento de los servicios públicos, puedan perderse”.
—Estamos hablando de una suma importante de recursos. Son 67 millones de bolívares que, de no ser transferidos antes del cierre del ejercicio fiscal 2014, corren el riesgo de perderse y que luego el municipio no va a poder recuperar, con lo cual se le estaría generando un grave daño al patrimonio del municipio, así como a todos los sancristobalenses, ya que estos 27 proyectos dejarían de concretarse— destacó.
Para Ruiz y Delgado, la no transferencia de estos recursos no es más que un pase de factura contra el pueblo de San Cristóbal, “lo que resulta un acto criminal, ya que la discriminación política atenta contra los derechos de toda la ciudadanía”
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