A juicio del diputado tachirense Homero Ruiz, "es una traición al pueblo venezolano la aprobación de la agenda legislativa 2011, en la cual se excluyen los proyectos de interés social que beneficiarían a cientos de venezolanos, quedando aprobados sólo 28 proyectos por parte de la bancada oficialista, únicamente orientados a profundizar la revolución".
---Es sorprendente como el oficialismo le negó al pueblo la oportunidad de discutir y aprobar la Ley de Alimentación, que busca beneficiar a todos los pensionados y jubilados del país, dándoles la posibilidad de devengar un bono de alimentación o cesta ticket, que permita hacer justicia social con los venezolanos y venezolanas que le han entregado su vida y esfuerzo al país, pero que lamentablemente son tratados como ciudadanos de segunda por parte del Gobierno nacional- acotó.
Dijo Ruiz que los diputados de la Unidad Democrática propusieron se llevara a discusión el proyecto de Ley de Primera Vivienda, el cual plantea permitir a las parejas jóvenes adquirir un inmueble a través de créditos con bajas tasas de interés, y a su vez ayudaría a solventar el déficit habitacional tan elevado que presenta hoy Venezuela.
---Otra de las propuestas que quedó excluida de la agenda parlamentaria fue la Ley de Hacienda Pública, la cual propone que los estados del país pudiesen beneficiarse directamente de los tributos que recauda el estado venezolano, para que en cada región sus gobernantes puedan desarrollar obras de envergadura, según la necesidad de los ciudadanos- destacó.
El parlamentario Homero Ruiz se pregunta: "¿A quién pretenden engañar los oficialistas?" El pueblo exige sus derechos, está tomando conciencia y sabe que al oficialismo lo único que le preocupa es su revolución y no el bienestar de los venezolanos, y así quedó demostrado, con la negativa de discutir leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos".
---Así se demuestra que el chavismo sigue desconociendo la posibilidad sincera que ofreciera el bloque de la unidad, para trabajar de forma mancomunada en una agenda legislativa, que le demostrará al país que sí existe voluntad política para sacar a Venezuela de la miseria- dijo.
Para Ruiz, no le sorprendería que afectos al régimen ahora salgan a desacreditar a los representantes de la bancada opositora, "para seguir engañado al pueblo, mientras a sus espaldas le niegan el derecho a discutir y aprobar proyectos de Ley que garantizan una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos". (AM)
Esq. Pajaritos, Edif. José María Vargas, piso 2, Bloque Parlamentario de los Andes, Caracas - Venezuela.
martes, 29 de marzo de 2011
Muchos delincuentes para pocos policías
90% de los venezolanos considera que el mayor problema del país es la inseguridad Así lo reflejó un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec). El criminólogo Fermín Mármol García asegura que uno de los factores que no permiten avanzar en la lucha contra la delincuencia es el déficit de funcionarios en la policía preventiva y las policías de investigación.
Esta teoría es apoyada por Homero Ruiz, diputado de la Asamblea Nacional y ex presidente del Instituto Autónomo de Policías del estado Táchira, quien asegura que actualmente en esa región cuentan con apenas 3.500 funcionarios, de los cuales 500 están discapacitados.
'En Táchira tenemos 3.000 funcionarios activos, divididos en dos turnos: 60% para el día y 40% para la noche. De acuerdo al número de habitantes de nuestro estado deberíamos tener 15.000 agentes', explica Ruiz.
Con respecto al número de miembros de la policía de investigación, el parlamentario afirma que cuentan con 85, lo ideal serían 1.000.
Para Ruiz el déficit de personal es un problema latente, pero agrega que también existe una carencia de equipos. Recuerda que cuando el gobernador César Pérez Vivas inició su gestión la policía del Táchira se encontraba en muy mal estado, con equipos obsoletos: los vehículos tenían más de siete años de servicio.
Asegura que a pesar de que en el último año han adquirido 27 patrullas y 90 motocicletas, es insuficiente, pues lo ideal es tener 100 patrullas y por lo menos unas 300 motos. Aunado al tema de los equipos está lo relacionado a los recursos, pues en el Consejo Federal de Gobierno se asignaron 15 millones de bolívares fuertes para combatir la delincuencia y Ruiz explica que sólo para saldar los pasivos laborales de funcionarios incapacitados en el gobierno de Blanco La Cruz necesitan 150 millones de bolívares fuertes.
HACEN FALTA MUCHAS COSAS Para Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, es un error centrar la discusión sobre el tema de la seguridad solamente en el número de policías o en la calidad y el funcionamiento de los cuerpos policiales. 'Se puede tener la mejor policía del mundo, pero si la parte judicial no funciona no es posible minimizar la incidencia delictiva. Si la policía practica una detención y el delincuente entra en el proceso judicial, que no concluye, ese delincuente vuelve a la calle y reincide en cometer las mismas fechorías', explica.
El primer mandatario regional señala que también es necesario tener un sistema penitenciario que funcione, para que las cárceles sean centros de rehabilitación donde la persona que va allí cumpla su condena y luego se integre a la sociedad como un ciudadano de bien.
Hasta la fecha, Miranda cuenta con 2.344 funcionarios de la policía estadal más 4.972 de las policías municipales. El déficit de funcionarios en todo el estado es de 3.715.
Capriles Radonski opina que para enfrentar el tema de la inseguridad es necesario que se reúnan policías, autoridades ejecutivas, representantes del Poder Judicial y del Poder Ciudadano. 'Si no están todas estas autoridades, estamos dando vuelta en el mismo punto', insiste.
A su juicio, la impunidad no es una responsabilidad solamente de los uniformados, pues según sus investigaciones, 70% de las detenciones en flagrancia que hace la policía de Miranda terminan en la calle con alguna medida sustitutiva.
El gobernador de Miranda agrega que ha presentado proyectos sobre la descentralización de las cárceles, apegado a lo establecido en la Constitución.
Considera que hay que abrir un debate sobre lo que es más importante: armarnos militarmente o construir escuelas. Está convencido de que el camino para erradicar la violencia es la educación.
'Tengo cifras que demuestran que tenemos la misma matricula que hace 10 años. Más de tres millones de muchachos no están dentro del sistema educativo. La deserción escolar coloca al joven en el camino de la violencia', asevera.
PREVENIR Y NO REPRIMIR El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, tiene una visión clara de lo que desea aplicar en su región.
No está de acuerdo con que se mantenga la tendencia de una policía de carácter represivo, sino que apuesta por un cuerpo de seguridad que sea preventivo.
Según el informe que presentó ante el CFG, 'hay una insuficiente dotación de los cuerpos de seguridad, en algunos casos sobrepasados por las capacidades logísticas de las organizaciones delictivas'.
Falcón también está conciente de que hay una falta de uniformados en su jurisdicción. 'Lara cuenta con 5.400 funcionarios de policía preventiva y deberían ser 8.000', aclara.
Propone solicitar al gobierno central un financiamiento que permita la adquisición de vehículos, motos, radios, armas y municiones para cubrir las carencias de los cuerpos policiales.
Esta teoría es apoyada por Homero Ruiz, diputado de la Asamblea Nacional y ex presidente del Instituto Autónomo de Policías del estado Táchira, quien asegura que actualmente en esa región cuentan con apenas 3.500 funcionarios, de los cuales 500 están discapacitados.
'En Táchira tenemos 3.000 funcionarios activos, divididos en dos turnos: 60% para el día y 40% para la noche. De acuerdo al número de habitantes de nuestro estado deberíamos tener 15.000 agentes', explica Ruiz.
Con respecto al número de miembros de la policía de investigación, el parlamentario afirma que cuentan con 85, lo ideal serían 1.000.
Para Ruiz el déficit de personal es un problema latente, pero agrega que también existe una carencia de equipos. Recuerda que cuando el gobernador César Pérez Vivas inició su gestión la policía del Táchira se encontraba en muy mal estado, con equipos obsoletos: los vehículos tenían más de siete años de servicio.
Asegura que a pesar de que en el último año han adquirido 27 patrullas y 90 motocicletas, es insuficiente, pues lo ideal es tener 100 patrullas y por lo menos unas 300 motos. Aunado al tema de los equipos está lo relacionado a los recursos, pues en el Consejo Federal de Gobierno se asignaron 15 millones de bolívares fuertes para combatir la delincuencia y Ruiz explica que sólo para saldar los pasivos laborales de funcionarios incapacitados en el gobierno de Blanco La Cruz necesitan 150 millones de bolívares fuertes.
HACEN FALTA MUCHAS COSAS Para Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, es un error centrar la discusión sobre el tema de la seguridad solamente en el número de policías o en la calidad y el funcionamiento de los cuerpos policiales. 'Se puede tener la mejor policía del mundo, pero si la parte judicial no funciona no es posible minimizar la incidencia delictiva. Si la policía practica una detención y el delincuente entra en el proceso judicial, que no concluye, ese delincuente vuelve a la calle y reincide en cometer las mismas fechorías', explica.
El primer mandatario regional señala que también es necesario tener un sistema penitenciario que funcione, para que las cárceles sean centros de rehabilitación donde la persona que va allí cumpla su condena y luego se integre a la sociedad como un ciudadano de bien.
Hasta la fecha, Miranda cuenta con 2.344 funcionarios de la policía estadal más 4.972 de las policías municipales. El déficit de funcionarios en todo el estado es de 3.715.
Capriles Radonski opina que para enfrentar el tema de la inseguridad es necesario que se reúnan policías, autoridades ejecutivas, representantes del Poder Judicial y del Poder Ciudadano. 'Si no están todas estas autoridades, estamos dando vuelta en el mismo punto', insiste.
A su juicio, la impunidad no es una responsabilidad solamente de los uniformados, pues según sus investigaciones, 70% de las detenciones en flagrancia que hace la policía de Miranda terminan en la calle con alguna medida sustitutiva.
El gobernador de Miranda agrega que ha presentado proyectos sobre la descentralización de las cárceles, apegado a lo establecido en la Constitución.
Considera que hay que abrir un debate sobre lo que es más importante: armarnos militarmente o construir escuelas. Está convencido de que el camino para erradicar la violencia es la educación.
'Tengo cifras que demuestran que tenemos la misma matricula que hace 10 años. Más de tres millones de muchachos no están dentro del sistema educativo. La deserción escolar coloca al joven en el camino de la violencia', asevera.
PREVENIR Y NO REPRIMIR El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, tiene una visión clara de lo que desea aplicar en su región.
No está de acuerdo con que se mantenga la tendencia de una policía de carácter represivo, sino que apuesta por un cuerpo de seguridad que sea preventivo.
Según el informe que presentó ante el CFG, 'hay una insuficiente dotación de los cuerpos de seguridad, en algunos casos sobrepasados por las capacidades logísticas de las organizaciones delictivas'.
Falcón también está conciente de que hay una falta de uniformados en su jurisdicción. 'Lara cuenta con 5.400 funcionarios de policía preventiva y deberían ser 8.000', aclara.
Propone solicitar al gobierno central un financiamiento que permita la adquisición de vehículos, motos, radios, armas y municiones para cubrir las carencias de los cuerpos policiales.
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