El diputado Homero Ruiz pide que se explique la falta de 67 millones de bolívares, que debían ser transferidos a la entidad de San Cristóbal
El diputado Homero Ruiz junto con el concejal Eduardo Delgado denunciaron que existe una amenaza de que 67 millones de bolívares pertenecientes al municipio San Cristóbal por concepto de Fondo de Compensación Interterritorial puedan perderse.
Ambos representantes manifestaron que de no concretarse la transferencia de estos recursos antes del cierre del ejercicio fiscal, los mismos corren el riesgo de perderse.
Expresaron que acudieron ante el despacho del Director Ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno Guy Vernaez, con el objetivo de exigir cuentas de los más de 67 millones de bolívares que le corresponden al municipio San Cristóbal por concepto de FCI y que no han sido transferidos.
Delgado indicó que esperan obtener respuesta de manera inmediata del destino de estos recursos, pues es una suma importante de recursos, que de no ser transferidos antes del cierre del ejercicio fiscal 2014, corren el riesgo de perderse.
Señalaron que la no transferencia de estos recursos no es más que un pase de factura contra el pueblo de San Cristóbal, lo que resulta un acto criminal, ya que la discriminación política atenta contra los derechos de toda la ciudadanía.
Ambos representantes manifestaron que de no concretarse la transferencia de estos recursos antes del cierre del ejercicio fiscal, los mismos corren el riesgo de perderse.
Expresaron que acudieron ante el despacho del Director Ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno Guy Vernaez, con el objetivo de exigir cuentas de los más de 67 millones de bolívares que le corresponden al municipio San Cristóbal por concepto de FCI y que no han sido transferidos.
Delgado indicó que esperan obtener respuesta de manera inmediata del destino de estos recursos, pues es una suma importante de recursos, que de no ser transferidos antes del cierre del ejercicio fiscal 2014, corren el riesgo de perderse.
Señalaron que la no transferencia de estos recursos no es más que un pase de factura contra el pueblo de San Cristóbal, lo que resulta un acto criminal, ya que la discriminación política atenta contra los derechos de toda la ciudadanía.
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