Muy a pesar de contar con una Constitución Nacional, que consagra en su articulado las garantías suficientes como para que Venezuela contara con una economía sólida, el exacerbado intervencionismo del Estado ha producido que nuestro sistema económico sea reconocido a nivel internacional como uno de los más restrictivos que existen en el mundo actual, en tal sentido, de nada vale contar con una legislación moderna que promueva el desarrollo, si en contraparte es el mismo Gobierno Nacional el primero en violentarla.
En los últimos años, hemos visto como países latinoamericanos de similares características a las nuestras, han logrado desarrollar sus economías a tal punto que su crecimiento ha superado con creces cualquier período de la era contemporánea venezolana, países como Chile, Colombia, Perú y Brasil, cuentan con mercados competitivos y atractivos para los inversionistas internacionales, captando importantes recursos económicos y potenciando nuevos puestos de empleo de calidad para sus ciudadanos, mejorando así las condiciones sociales de la población y la calidad de vida en general. Cabe destacar que el crecimiento abismal que han vivido estos países, ha sido producto de la apertura, de las libertades económicas y una limitada participación del Estado, sin importar si sus gobiernos de turno son de una u otra ideología política, siempre se le ha dado continuidad a las políticas económicas en el tiempo, permitiendo que el crecimiento sea sostenido.
Venezuela, cuenta con potencialidades extraordinarias, tanto por su ubicación geopolítica como por sus cuantiosos recursos naturales, lo tenemos todo como para convertirnos en un país desarrollado, en el que sus ciudadanos puedan desenvolverse libremente y progresar, todo esto como producto de su trabajo y esfuerzo, pero lamentablemente la implantación de un sistema político populista – clientelar, lo impide. Para el Estado es preferible tener cada vez más ciudadanos dependientes de las asignaciones económicas otorgadas bajo una clara y evidente discrecionalidad política, que el tener un país de ciudadanos emprendedores, que dependan de su propia capacidad productiva.
En tal sentido, no solo basta con contar con la legislación necesaria, también se hace necesaria la debida voluntad política del Gobierno Nacional para evolucionar y progresar, en un mediano plazo debemos pasar de un modelo netamente clientelar, en el que buena parte de los ciudadanos dependen de las dádivas del Gobierno, a un modelo socio – económico en el que sean los propios ciudadanos los dueños de su destino, abriendo nuestra economía a los capitales foráneos, otorgando las necesarias garantías jurídicas para fomentar el emprendimiento y la producción nacional y sobretodo limitando la participación del Estado en la economía a los ámbitos estrictamente necesarios o considerados como estratégicos
