martes, 28 de febrero de 2012

“Ministro Rangel Silva vino al Táchira a hacer política”


Con relación a la visita que realizó el pasado fin de semana al Táchira el Ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, el diputado nacional Homero Ruiz, expresó que fue una visita con fines partidistas y no para plantear soluciones concretas en materia de seguridad en la región, esto ante el incremento de índices de violencia en la entidad.
Ruiz señaló que el pasado sábado en menos de 12 horas, en el Táchira se suscitaron dos hechos violentos como el ocurrido en la población de Coloncito y el ataque a un punto de control del Dibise, donde resultó muerto un funcionario de la Guardia Nacional, “y aún con estos acontecimientos el titular del Ministerio de la Defensa, vino a hacer proselitismo político”.
 
“Resulta lamentable ver al Ministro Rangel Silva, funcionario que tiene bajo su responsabilidad garantizar la soberanía de la patria y el resguardo de las fronteras de Venezuela, repartir dádivas y a hacer política, en vez de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y de una vez por todas de garantizar  y poner en marcha políticas seguridad para los ciudadanos”, dijo Homero Ruíz.
 
Recordó que la tarea principal del Ejército y la Guardia Nacional es velar por la defensa y soberanía de la nación, y que en el Táchira exista la presencia de grupos irregulares es responsabilidad de estos componentes de la Fuerza Armada Nacional, quienes son los encargados de erradicar su presencia. 
 
En este sentido, el parlamentario cuestionó “¿hasta cuándo tendrán que soportar los habitantes de Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta, Junín, Fernández Feo o Libertador la zozobra y el temor que generan estos grupos que operan en la frontera colombo venezolana”.
 
Expresó Homero Ruíz que como representante del los tachirenses ante la Asamblea Nacional, exige que de una vez por todas los garantes de la seguridad y defensa en Venezuela se aboquen a trabajar y a garantizar políticas públicas de seguridad a los venezolanos, quienes son los que sufren los embates de la inseguridad desbordada.
 
El diputado del partido Copei en el Táchira solicita a los organismos de seguridad trabajar de forma mancomunada e integrados por el bien de la colectividad y dejar de lado la politización.
 
(LG)



http://www.diariodelpueblo.com.ve/politica.php?vermas=10291

“Rangel Silva vino al Táchira a hacer política”


Primicias24.com (Prensa Democracia Tachirense) 
- El diputado de la Asamblea Nacional Homero Ruiz, rechazó que la visita al estado Táchira del ministro de la Defensa, Rangel Silva, haya sido solo con fines partidistas y no para plantear soluciones concretas en materia de seguridad en la región, esto ante el incremento de índices de violencia en la entidad.
Señaló que el pasado sábado en menos de 12 horas, en el Táchira se suscitaron dos hechos violentos como el ocurrido en la población de Coloncito y el ataque a un punto de control del Dibise, donde resultó muerto un funcionario de la Guardia Nacional, y aún con estos acontecimientos el titular del Ministerio de la Defensa, vino a hacer proselitismo político.
“Resulta lamentable ver al Ministro Rangel Silva, funcionario que tiene bajo su responsabilidad garantizar la soberanía de la patria y el resguardo de las fronteras de Venezuela, repartir dádivas y a hacer política, en vez de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo y de una vez por todas de garantizar  y poner en marcha políticas seguridad para los ciudadanos”, dijo Homero Ruíz.
Recordó que la tarea principal del Ejército y la Guardia Nacional es velar por la defensa y soberanía de la nación, y que en el Táchira exista la presencia de grupos irregulares es responsabilidad de estos componentes de la Fuerza Armada Nacional, quienes son los encargados de erradicar  su presencia. Al tiempo que se pregunta el parlamentario tachirense, hasta cuándo tendrán que soportar los habitantes de Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta, Junín, Fernández Feo o Libertador la zozobra y el temor que generan estos grupos que operan en la frontera colombo venezolana.
Ante estas situaciones Homero Ruíz, como representante del los tachirenses en la Asamblea Nacional, exige que de una vez por todas los garantes de la seguridad y defensa en Venezuela se aboquen a trabajar y a garantizar políticas públicas de seguridad a los venezolanos, quienes son los que sufren los embates de la inseguridad desbordada.
En ese sentido el diputado del partido Copei en el Táchira solicita a los organismos de seguridad trabajar de forma mancomunada e integrados por el bien de la colectividad y dejar de lado la politización.



http://primicias24.com/nacionales/homero-ruiz-rangel-silva-vino-al-tachira-a-hacer-politica/

martes, 7 de febrero de 2012

Venezuela, Estado interventor


Por Homero Ruiz
El modelo económico venezolano, consagrado en la Constitución de 1999, se caracteriza por procurar la justicia social partiendo de una aplicación efectiva del principio de la justicia tributaria y la preponderancia del imperio de la ley. En tal sentido, el estado se compromete en procurar todos los recursos que sean necesarios para implementar una política altamente fundamentada en el “gasto social”, así como también financiar la totalidad del gasto público, garantizando así la mayor suma de felicidad posible y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, todo esto bajo la implementación de una serie de principios que en muy pocos casos se cumplen, como la libre competencia, la protección al ambiente o promover el desarrollo de la iniciativa privada.  En este sentido, podríamos afirmar que el mismo Estado venezolano, es el primer transgresor del ordenamiento jurídico y a lo largo de los ya casi catorce años de gobierno de Hugo Chávez Frías, el modelo económico venezolano es uno de los más controlados en el mundo.
La existencia de un sistema de control de cambios limita seriamente las posibilidades de los ciudadanos a realizar transacciones económicas con otros países, conseguir divisas se hace prácticamente imposible, lo que trae como consecuencia que la empresa privada se vea obligada a conseguirlas en el mercado negro, con un precio que dobla a la tasa oficial, generando una inflación incontenible que durante la última década, supera el novecientos por ciento.
Durante los últimos años se ha producido una radicalización en las actuaciones del Gobierno Nacional, en aras de procurar la evolución del Estado hacia el auto denominado por el Presidente de la república “socialismo del siglo XXI” producto de esta radicalización, se han expropiado cientos de empresas en plena producción, bajo la excusa de considerar que las mismas son de interés estratégico para la nación, casos como las empresas cementeras, CEMEX, LAFARGE y HOLCIM, todas internacionales, redes de supermercados, cadenas de hoteles, distribuidoras de insumos para la producción agrícola, embotelladoras, empaquetadoras de café y granos, es decir, para Chávez cualquier empresa que le sea provechosa para el avance de la “Revolución” es considerada como estratégica.
Esto ha traído como consecuencia una fuga importante del capital extranjero que se encontraba invertido en el país, ya que las empresas prefieren migrar, antes que resultar expropiadas y además correr el riesgo de no recibir ningún tipo de indemnización por sus bienes, constituyéndose de esta forma reiteradas y flagrantes violaciones a propiedad individual, la libre empresa y el derecho al trabajo.
Aunado a esto, se han producido regulaciones legislativas como la “Ley de Costos y Precios Justos” que se encarga fijar precios tope a una buena cantidad tanto de productos, como de servicios prestados por la empresa privada a la ciudadanía, de igual manera la “Ley para la Regularización y el Control del Arrendamiento de Viviendas” con la cual el estado se reserva la potestad de fijar los cánones para el alquiler de viviendas, limitando así la posibilidad de que sean los propietarios los encargados de fijar los mismos.
Se ha venido incrementando el intervencionismo del estado mediante la implantación de un sistema de fijación de precios de forma unilateral vía decreto Presidencial en los alimentos de la cesta básica, lo cual ha llevado a   miles de empresas a producir a pérdida o simplemente a declararse en quiebra ante la imposibilidad de mantener sus operaciones, violando  flagrantemente los principios de libertad económica y libre competencia, que se encuentran consagrados en la Constitución.
En resumidas cuentas, podríamos decir que son muy pocos los principios consagrados en la Carta Magna que en realidad son respetados por el Estado venezolano, que en los últimos tiempos se ha convertido en una suerte de “estado forajido”, al que le llueven las demandas en los organismos jurisdiccionales internacionales, como consecuencia de sus actos violatorios del Estado de derecho, lo que ha traído consecuencias fatales para la economía nacional.

lunes, 6 de febrero de 2012

Es preocupante que funcionarios públicos estén involucrados en el hecho de los niños armados

(Caracas, 3 de febrero – Noticias24) El diputado de la Comisión de Familia, Homero Ruiz, conversó con Noticias24 Radio sobre la solicitud de una interpelación ante la Asamblea Nacional para el diputado Robert Serra por las fotografías en donde aparecen niños armados en la parroquia del 23 de Enero.



Ruiz aseguró que la publicación de esas imágenes es una situación crítica y alarmante para la opinión pública por el hecho de que estén implicados funcionarios públicos que “se prestancomo cómplices para sembrar el odio y armar a la juventud“.
Con respecto a las declaraciones de rechazo del ciudadano Presidente en rechazo a las fotos, Ruiz señaló: “eso es parte del caradurismo de siempre y la desfachatez del Presidente, porque él mismo ha sido cómplice en cuanto a que esos grupos estén armados“, señaló refiriéndose a las declaraciones del Primer Mandatario el día de ayer desde el Teatro Catia.
Asimismo insistió en que cada vez que un partidario de la oposición se acerca a la parroquia del 23 de Enero, es repelido por grupos irregulares armados, “esta situación es de total conocimiento del Presidente y viene a pronunciarse en rechazo contra el grupo La Piedrita (…) aquí se ve el doble discurso del Jefe de Estado”.
Indicó que esto es parte de una estrategia para amedrentar a la población, “están en complicidad de los organismos del Estado que saben donde están ubicados estos grupos y son incapaces de ponerlos frente a la fiscalía”.


http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/87118/homero-ruiz-el-presidente-es-caradura-al-criticar-a-grupos-del-23-de-enero-que-el-mismo-apoya/

miércoles, 1 de febrero de 2012

“Ministerio de Justicia debe depurar su propio personal”


escrito por Mariana Duque   
sábado, 28 de enero de 2012
Ruiz recordó que armas decomisadas a Politáchira han sido encontradas en manos de delincuentes cuando deberían estar en el Ministerio de Interior y Justicia 

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Homero Ruiz, se pronunció en relación al anuncio que hiciera el pasado jueves el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, sobre la venta y distribución de armamento en el país, manifestando que también es necesario que se sincere el tema del armamento que ha sido secuestrado desde este despacho del Gobierno nacional.

Ruiz destacó que El Aissami indicó que de ahora en adelante será el Ministerio de Interior y Justicia el que se encargará de suministrar armamento para las policías regionales y municipales, lo que afirmó, no es nada nuevo, pues se viene haciendo desde hace años.

"Las policías regionales y municipales siempre han sido armadas o han adquirido su armamento a través de la Dirección de Armamento Explosivo -Daex- a través del Darfa en anteriores casos, es decir, siempre ha sido el Estado venezolano el que a través de esta Dirección se encarga de administrar el armamento para los entes públicos, le entrega las armas a los organismos de seguridad del Estado", aclaró.

Cree que es importante que exista una regularización de las armas, que se haga un registro eficiente de ese armamento, pero considera que además debe sincerarse el tema del armamento que ha sido secuestrado por parte del Ministerio de Interior y Justicia a varias policías del país, tal y como sucedió en el estado Táchira, en donde se decomisaron más de 2 mil armas en 2009 con la excusa de registrarlas, pero no han sido devueltas.

Recordó que varias de esas armas han estado involucradas en hechos delictivos luego de ser decomisadas por el Ministerio, por ello asegura que es necesario que más allá de entregar municiones y armamento a las policías regionales el Poder Central, debe encargarse de depurar a su propio personal, que es el que tiene las armas para luego entregarlas, venderlas o alquilarlas a la delincuencia. http://diariodelosandes.com/content/view/178474/105915/