Este jueves, los diputados a la Asamblea Nacional, por Copei,
Abelardo Díaz y Homero Ruiz, consignaron una “Demanda de Protección de
Intereses Colectivos y Difusos con Medida Cautelar de Amparo
Constitucional” ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, con la finalidad de conminar al gobernador del estado Táchira,
José Vielma Mora, a brindar seguridad y protección a los ciudadanos
sancristobalenses y tachirenses ante la ola de ataques violentos que se
han perpetrado en la región con el saldo de personas fallecidas, heridas
y destrozos tanto de bienes públicos como privados.
Recordaron
los parlamentarios que en los últimos días la comunidad tachirense, en
especial la de San Cristóbal y algunos municipios metropolitanos y de
frontera, han sido atacados por un grupo de personas que se desplazan en
motocicletas, vinculados con el oficialismo y que en algunos casos
actúan de manera conjunta con los cuerpos de seguridad del estado,
“quienes en actitud violenta proceden a causar destrozos en viviendas y
en los vehículos, ocasionando daños patrimoniales significativos y
además poniendo en situación de riesgo la integridad física de las
personas, sin que el Ejecutivo regional haga nada para evitarlo,
convirtiéndose el gobernador Vielma Mora en cómplice por omisión de
todos estos actos vandálicos”.
El diputado Díaz aseguró que es
obligación constitucional y legal del gobernador proteger al ciudadano
en su integridad física y a sus bienes, tal como lo contempla el
artículo 55 de la Constitución en concordancia con los artículos 42 y 43
de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía
Nacional Bolivariana, “pero en nuestra región lo que está ocurriendo es
todo lo contrario y hemos visto en distintos sectores de San Cristóbal a
ciudadanos violentos que se desplazan en motos, que en operaciones
conjuntas con la GNB y PNB le ‘caen a piedra’ a las casas y vehículos de
los ciudadanos y eso no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad”.
Por
otro lado, el diputado Homero Ruiz manifestó que la decisión con la que
el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y encarceló al alcalde del
municipio San Cristóbal, Daniel Ceballos, está viciada de nulidad, ya
que entre las competencias de los alcaldes no está el contar con grupos
entrenados y equipados para el control de manifestaciones públicas.
—
A Daniel Ceballos lo destituyen, por supuestamente negarse a reprimir
las protestas en la ciudad de San Cristóbal, pero si revisamos la Ley de
Policía Nacional, podemos observar que el control de manifestaciones no
es una competencia del alcalde, por el contrario, es una competencia
del gobernador y eso está enunciado de forma muy clara en el artículo
43. Es una obligación de la Policía Estadal, organizar personal
entrenado y equipado debidamente para el control de todo tipo de
manifestaciones públicas, en tal sentido, aquí quien ha debido ser
destituido es el gobernador José Gregorio Vielma Mora-, expuso.
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