En este sentido el diputado socialcristiano Abelardo Díaz recordó que
en los últimos días la comunidad tachirense, en especial la de San
Cristóbal y algunos municipios metropolitanos y de frontera han sido
atacadas por un grupo de personas que se desplazan en motocicletas,
vinculados con el oficialismo y que en algunos casos actúan de manera
conjunta con los cuerpos de seguridad del estado, “quienes en actitud
violenta proceden a causar destrozos en viviendas y en los vehículos,
ocasionando daños patrimoniales significativos y además poniendo en
situación de riesgo la integridad física de las personas sin que el
ejecutivo regional haga nada para evitarlo, convirtiéndose el gobernador
Vielma Mora en cómplice por omisión de todos estos actos vandálicos”.
Aseguró el parlamentario que es obligación constitucional y legal del
gobernador proteger al ciudadano en su integridad física y a sus
bienes, tal como lo contempla el artículo 55 de la Constitución en
concordancia con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Servicio
de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, “pero en
nuestra región lo que está ocurriendo es todo lo contrario y hemos visto
en distintos sectores de San Cristóbal a ciudadanos violentos que se
desplazan en motos, que en operaciones conjuntas con la GNB y PNB le
‘caen a piedra’ a las casas y vehículos de los ciudadanos y eso no puede
seguir ocurriendo en nuestra ciudad”.
Indicó Díaz que la referida acción busca también el resarcimiento
económico por parte de la gobernación de los daños sufridos por los
ciudadanos en viviendas y vehículos, como consecuencia de la violencia
de este sector oficialista, además de una revisión al abuso, humillación
y amedrentamiento en que se han convertido los distintos allanamientos
ilegales que se realizan en distintos sectores de San Cristóbal.
Por su parte el diputado Homero Ruiz manifestó que la decisión con la
que el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y encarceló al Alcalde
del Municipio San Cristóbal Daniel Ceballos, está viciada de nulidad, ya
que entre las competencias de los alcaldes no está el contar con grupos
entrenados y equipados para el control de manifestaciones públicas, “a
Daniel Ceballos lo destituyen, por supuestamente negarse a reprimir las
protestas en la ciudad de San Cristóbal, pero si revisamos la Ley de
Policía Nacional, podemos observar que el control de manifestaciones no
es una competencia del Alcalde, por el contrario, es una competencia del
Gobernador y eso está enunciado de forma muy clara en el artículo 43.
Es una obligación de la Policía Estadal, organizar personal entrenado y
equipado debidamente para el control de todo tipo de manifestaciones
públicas, en tan sentido, aquí quien ha debido ser destituido es el
Gobernador José Gregorio Vielma Mora”.
Asimismo afirmó el parlamentario tachirense, que con esta acción que
el día de hoy interponen ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo que se
pretende es garantizar la vida y la integridad física de las personas,
así como también salvaguardar los bienes tanto públicos como privados,
“esperamos, que el Tribunal Supremo de Justicia, nos demuestre a los
venezolanos que en este país aun existen al menos visos de legalidad,
José Gregorio Vielma Mora, como Gobernador del Táchira debe ser obligado
a cumplir con sus funciones como máxima autoridad de seguridad en la
región y sino es así, entonces debe ser destituido.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario