Caracas, noviembre 13 (Felipe González Roa).- Los diputados Abelardo
Díaz, Homero Ruiz y William Dávila solicitaron al Ministerio Público
abrir una investigación penal contra el presidente Nicolás Maduro,
quien, según denunciaron, presuntamente incurrió en instigación a
delinquir, al odio, a la devastación y al saqueo.
Insistieron que estos delitos están establecidos y sancionados en los artículos 283, 285 y 293 del Código Penal.
“El pueblo de Venezuela lo vio, lo escuchó fue público y comunicacional que el Presidente utilizó esta frase ‘que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes’ esto se pudo haber interpretado como una incitación a delinquir, a saquear, lo cual constituye un delito de acuerdo a la normativa penal vigente”, comentó Díaz.
“Podrá ser muy presidente, pero no tiene patente de corso para delinquir. Llamar al pueblo a saquear no es una medida económica, es un delito sancionable”, añadió.
A pesar de acudir a la Fiscalía, los diputados no expresaron mayor esperanza en la respuesta que recibirán. “Estamos conscientes de que consignar esta denuncia ante el Ministerio Público es igual que consignarla ante la sede del Psuv o el Palacio de Miraflores”, apuntó Díaz.
“Le decimos a la ciudadana fiscal que congele en este caso su militancia roja y que actué conforme lo establece la Constitución y la ley, procediendo a solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia el correspondiente antejuicio de méritos”, agregó.
Los parlamentarios insistieron que desde el gobierno se deben hacer responsables por los hechos violentos registrados contra algunos establecimientos comerciales.
“¿Quién responde por la devastación y el saqueo del que han sido víctima varios negocios en todo el país”, anotó Ruiz.
“Al fomentar hechos delictivos con su discurso irresponsable, Nicolás está incumpliendo su más importante obligación, que se encuentra consagrada en el artículo 236 de la Constitución Nacional y no es otra que el estricto cumplimiento a la Constitución y demás leyes de la República”, señaló.
Los diputados enfatizaron que con las medidas tomadas recientemente por Maduro, no se resolverá la crisis económica que enfrenta el país.
Calificaron como “maniobras gobierneras” los hechos registrados en los últimos días contra establecimientos comerciales, los cuales, según indicaron, buscan desmotivar la participación de los venezolanos en los comicios municipales del 8 de diciembre.
“El gobierno se está viendo perdido y está buscando a toda costa una excusa para suspender la venidera contienda electoral”, aseveró Dávila.
Insistieron que estos delitos están establecidos y sancionados en los artículos 283, 285 y 293 del Código Penal.
“El pueblo de Venezuela lo vio, lo escuchó fue público y comunicacional que el Presidente utilizó esta frase ‘que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes’ esto se pudo haber interpretado como una incitación a delinquir, a saquear, lo cual constituye un delito de acuerdo a la normativa penal vigente”, comentó Díaz.
“Podrá ser muy presidente, pero no tiene patente de corso para delinquir. Llamar al pueblo a saquear no es una medida económica, es un delito sancionable”, añadió.
A pesar de acudir a la Fiscalía, los diputados no expresaron mayor esperanza en la respuesta que recibirán. “Estamos conscientes de que consignar esta denuncia ante el Ministerio Público es igual que consignarla ante la sede del Psuv o el Palacio de Miraflores”, apuntó Díaz.
“Le decimos a la ciudadana fiscal que congele en este caso su militancia roja y que actué conforme lo establece la Constitución y la ley, procediendo a solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia el correspondiente antejuicio de méritos”, agregó.
Los parlamentarios insistieron que desde el gobierno se deben hacer responsables por los hechos violentos registrados contra algunos establecimientos comerciales.
“¿Quién responde por la devastación y el saqueo del que han sido víctima varios negocios en todo el país”, anotó Ruiz.
“Al fomentar hechos delictivos con su discurso irresponsable, Nicolás está incumpliendo su más importante obligación, que se encuentra consagrada en el artículo 236 de la Constitución Nacional y no es otra que el estricto cumplimiento a la Constitución y demás leyes de la República”, señaló.
Los diputados enfatizaron que con las medidas tomadas recientemente por Maduro, no se resolverá la crisis económica que enfrenta el país.
Calificaron como “maniobras gobierneras” los hechos registrados en los últimos días contra establecimientos comerciales, los cuales, según indicaron, buscan desmotivar la participación de los venezolanos en los comicios municipales del 8 de diciembre.
“El gobierno se está viendo perdido y está buscando a toda costa una excusa para suspender la venidera contienda electoral”, aseveró Dávila.
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