lunes, 24 de septiembre de 2012

“Gobierno nacional somete a las regiones al atraso económico”

escrito por Mariana Duque /DLA Táchira   
El diputado de la Asamblea Nacional, Homero Ruiz, cuestionó que el Gobierno nacional continúe sometiendo al retraso económico a las regiones y municipios, con la aprobación de tan sólo 2500 millones de bolívares, cuando en realidad al país le corresponden cerca de 17 mil millones de bolívares, demostrando de esta manera el secuestro de los recursos de los venezolanos.

Afirmó que en lo que va de año han sido aprobados recursos superiores a los 86 mil millones de bolívares fuertes por vía créditos adicionales, pero acotó que el destino que le otorga a los recursos del pueblo venezolano no se ven en la calle. "Aquí se caen puentes, las carreteras están deterioradas, el sistema eléctrico está cada día peor, las policías no están dotadas; entonces nos preguntamos, dónde están todos esos recursos que se han aprobado para los ministerios e instituciones del Gobierno", dijo.

Por ello, el diputado tachirense exigió al Ejecutivo nacional rendir cuentas sobre los recursos que resultan por demás insuficientes para cubrir también el aumento del salario mínimo, así como para honrar las bonificaciones de fin de año a los más de 400 mil trabajadores que hacen vida en este sector en toda Venezuela.

 "Es claro que la mayoría oficialista del Psuv en su afán de acabar con la descentralización y así destruir cualquier posibilidad de desarrollo desde la provincia, pretende desconocer los derechos adquiridos por la fuerza laboral que depende del Poder Público estadal y municipal, ya que para honrar los compromisos laborales con los trabajadores del Poder Público nacional se han aprobado 14 mil millones de bolívares fuertes a la fecha, con lo cual queda en evidencia que esto es una maniobra político electoral, con la que el Gobierno nacional busca generar un descontento en las regiones, justo cuando estamos a 38 días de las elecciones presidenciales", agregó.  

Homero Ruiz está convencido de que estos hechos son una muestra más de la retaliación política en contra de las gobernaciones y alcaldías, a las cuales -aseguró- no les alcanzan los recursos para honrar compromisos tan básicos como los sueldos y salarios de sus trabajadores activos, por lo que mucho menos podrán cumplir con lo adeudado por concepto de prestaciones sociales para los jubilados, o atender cualquier contingencia que pueda presentarse.
 

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