En opinión del diputado a la AN por Copei, Homero Ruiz, “es necesario que se establezca un balance, no puede ser que el Gobierno nacional prácticamente haya doblado su nivel de gasto, mientras los estados y los municipios se quedan relegados y arrastran cada vez un déficit más alto”.
Sostuvo Ruiz que “desde el poder central viene aplicándose una política de asfixia presupuestaria a las regiones que limita las posibilidades de los gobernadores y alcaldes para atender las necesidades de la ciudadanía”.
Refirió que “aprobamos recursos que tienen como objeto cubrir requerimientos presupuestarios de las entidades político-territoriales, es decir, los estados y municipios, que en su gran mayoría iniciaron 2015 con un déficit presupuestario superior a 50 %; en tal sentido, consideramos que la aprobación de este crédito es una necesidad”.
Según el parlamentario, durante el primer semestre del año el Gobierno ha incrementado su presupuesto en 90 %. “Es bueno que Venezuela sepa que el presupuesto nacional de 2015 inició con un monto de 741 mil millones de bolívares y, en tan solo 6 meses, ese presupuesto ha sufrido un incremento cercano a 90 %, ascendiendo a la fecha a 1.3 billones de bolívares”.
“El presupuesto de la nación ha crecido de forma exponencial y esto contrasta de manera drástica, si lo comparamos con lo que han recibido los estados y municipios, vía crédito adicional y durante el mismo periodo de tiempo, que no alcanza un incremento ni de 35 %».
En consecuencia, “a la fecha, la gran mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país no han podido siquiera cubrir los reiterados aumentos del salario mínimo que se han aprobado este año y, de igual manera, se han visto imposibilitadas para efectuar los necesarios ajustes salariales al resto de sus trabajadores».
—Lamentamos que 90 % de los municipios del país se han convertido en simples pagadores de nómina, ya que tienen que destinar la totalidad de sus ingresos al gasto de personal, y a los municipios les resulta imposible adelantar obras de infraestructura, mejorar la prestación de los servicios públicos o atender cualquier situación de emergencia que pueda presentarse. Por ello, se hace necesario alzar la voz de protesta desde la provincia, ya que de lo contrario la descentralización se verá cada vez más limitada y serán los ciudadanos los que sufran las consecuencias -aseguró Ruiz-.
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