jueves, 10 de octubre de 2013

Investigar al presidente de la Asamblea solicitó Copei a la Fiscalía General


Diputado Homero Ruiz, Luis Barragán y Abelardo Díaz, en el MP.
Diputado Homero Ruiz, Luis Barragán y Abelardo Díaz, en el MP.

Este miércoles, los diputados Homero Ruiz, Abelardo Díaz y Luis Barragán, de Copei, acudieron al Ministerio Público para solicitar se inicie una investigación contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y otros funcionarios de alta jerarquía del Gobierno nacional, por la utilización de los bienes y recursos del Estado para la campaña electoral y el proselitismo político.

—Todos los venezolanos tenemos conocimiento de la supuesta guerra contra la corrupción que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro, para la cual incluso ha solicitado poderes habilitantes al Parlamento Nacional, en tal sentido, hoy hemos decidido acudir ante la ciudadana fiscal general de la República con la finalidad de solicitar se dé inicio a una investigación contra varios funcionarios públicos que en estos momentos, de manera flagrante, están haciendo uso de los bienes del Estado venezolano con fines netamente electorales, específicamente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; Rodolfo Marco Torres,  presidente del Banco del Tesoro y Banco de Venezuela, y Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat-, manifestó el diputado Homero Ruiz.

El diputado tachirense dijo que, cuentan con pruebas contundentes y que están a la vista de todo el pueblo venezolano para sustentar dicha denuncia, “hemos consignado pruebas irrefutables que demuestran cómo se hace uso de las instituciones públicas para hacer propaganda electoral, en todas las sedes se encuentra desplegada la tarjeta de votación que va a ser utilizada por el Psuv en las próximas elecciones del 8D, y esto constituye un delito, las actuaciones de estos funcionarios vulneran lo consagrado en el artículo 145 de la Constitución Nacional que consagra la imparcialidad que deben tener los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y los artículos 13 de la Ley Anticorrupción y 75 de la Ley de Procesos Electorales, que prohíben la utilización de recursos y bienes del Estado para el proselitismo político”. (am)

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