A un año de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la violencia dentro de los penales, así como las huelgas y homicidios, no han presentado cambios positivos para los más de 20 mil reos, que se encuentran hacinados en las cárceles venezolanas, una muestra de ello es la violencia generada en la cárcel de Yare durante las últimas horas, según informó el diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de Copei en el Táchira, Homero Ruiz.
Agrego que, “en un año de gestión, miles de recursos han sido asignados, mediante créditos adicionales, para la solución de los problemas de las cárceles y el mantenimiento de los espacios físicos; sin embargo, la política implementada ha fracasado, porque en el periodo transcurrido, se han registrado más de 310 reclusos asesinados”.
Agrego que, “en un año de gestión, miles de recursos han sido asignados, mediante créditos adicionales, para la solución de los problemas de las cárceles y el mantenimiento de los espacios físicos; sin embargo, la política implementada ha fracasado, porque en el periodo transcurrido, se han registrado más de 310 reclusos asesinados”.
—Esto se traduce a que uno de los derechos básicos contemplados en la Constitución Nacional, como es el derecho a la vida, no es garantizado a los ciudadanos privados de libertad, ya que estando estos bajo el control y la custodia directa de las autoridades nacionales, no son exentos de la inseguridad y la violencia que amenaza el país— señaló Ruiz.
Por otra parte, el diputado responsabiliza al Gobierno nacional por la grave crisis que atraviesan las cárceles venezolanas, asegurando que no tienen la capacidad de poder garantizar los derechos de los presos, pues “la gestión de la señora Iris Varela ha sido un total desastre y los números están a la vista”, expresó.
La descentralización como solución
El diputado aprovechó la oportunidad para expresar que en la Constitución Venezolana de 1999 se expresa claramente que el Estado debe crear un proceso descentralizador de los establecimientos penitenciarios: “el manejo y la administración de estos centros deben pasar a los gobiernos regionales y no mantenerse como están ahora, en manos del Gobierno central, con un manejo distante y sin conocimiento de las realidades locales”, apuntó.
Por último, el parlamentario tachirense manifestó que el nuevo presidente de Venezuela, que resulte electo en las próximas elecciones del siete de octubre, debe asumir esta realidad con fortaleza, y darles a los presos un trato digno, “comprometiéndose con el saneamiento de las cárceles, garantizándole a la población reclusa todos sus derechos fundamentales y lo más importante, que estos ciudadanos puedan ser reinsertados a la sociedad como personas de bien, para que contribuyan con el desarrollo y el progreso del país”, puntualizó.
Ubaldo Girardi
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