Por Homero Ruiz
El modelo económico venezolano, consagrado en la Constitución de 1999, se caracteriza por procurar la justicia social partiendo de una aplicación efectiva del principio de la justicia tributaria y la preponderancia del imperio de la ley. En tal sentido, el estado se compromete en procurar todos los recursos que sean necesarios para implementar una política altamente fundamentada en el “gasto social”, así como también financiar la totalidad del gasto público, garantizando así la mayor suma de felicidad posible y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, todo esto bajo la implementación de una serie de principios que en muy pocos casos se cumplen, como la libre competencia, la protección al ambiente o promover el desarrollo de la iniciativa privada. En este sentido, podríamos afirmar que el mismo Estado venezolano, es el primer transgresor del ordenamiento jurídico y a lo largo de los ya casi catorce años de gobierno de Hugo Chávez Frías, el modelo económico venezolano es uno de los más controlados en el mundo.
La existencia de un sistema de control de cambios limita seriamente las posibilidades de los ciudadanos a realizar transacciones económicas con otros países, conseguir divisas se hace prácticamente imposible, lo que trae como consecuencia que la empresa privada se vea obligada a conseguirlas en el mercado negro, con un precio que dobla a la tasa oficial, generando una inflación incontenible que durante la última década, supera el novecientos por ciento.
Durante los últimos años se ha producido una radicalización en las actuaciones del Gobierno Nacional, en aras de procurar la evolución del Estado hacia el auto denominado por el Presidente de la república “socialismo del siglo XXI” producto de esta radicalización, se han expropiado cientos de empresas en plena producción, bajo la excusa de considerar que las mismas son de interés estratégico para la nación, casos como las empresas cementeras, CEMEX, LAFARGE y HOLCIM, todas internacionales, redes de supermercados, cadenas de hoteles, distribuidoras de insumos para la producción agrícola, embotelladoras, empaquetadoras de café y granos, es decir, para Chávez cualquier empresa que le sea provechosa para el avance de la “Revolución” es considerada como estratégica.
Esto ha traído como consecuencia una fuga importante del capital extranjero que se encontraba invertido en el país, ya que las empresas prefieren migrar, antes que resultar expropiadas y además correr el riesgo de no recibir ningún tipo de indemnización por sus bienes, constituyéndose de esta forma reiteradas y flagrantes violaciones a propiedad individual, la libre empresa y el derecho al trabajo.
Aunado a esto, se han producido regulaciones legislativas como la “Ley de Costos y Precios Justos” que se encarga fijar precios tope a una buena cantidad tanto de productos, como de servicios prestados por la empresa privada a la ciudadanía, de igual manera la “Ley para la Regularización y el Control del Arrendamiento de Viviendas” con la cual el estado se reserva la potestad de fijar los cánones para el alquiler de viviendas, limitando así la posibilidad de que sean los propietarios los encargados de fijar los mismos.
Se ha venido incrementando el intervencionismo del estado mediante la implantación de un sistema de fijación de precios de forma unilateral vía decreto Presidencial en los alimentos de la cesta básica, lo cual ha llevado a miles de empresas a producir a pérdida o simplemente a declararse en quiebra ante la imposibilidad de mantener sus operaciones, violando flagrantemente los principios de libertad económica y libre competencia, que se encuentran consagrados en la Constitución.
En resumidas cuentas, podríamos decir que son muy pocos los principios consagrados en la Carta Magna que en realidad son respetados por el Estado venezolano, que en los últimos tiempos se ha convertido en una suerte de “estado forajido”, al que le llueven las demandas en los organismos jurisdiccionales internacionales, como consecuencia de sus actos violatorios del Estado de derecho, lo que ha traído consecuencias fatales para la economía nacional.
