Del Estado Interventor al Libre Mercado

                                                   

Muy a pesar de contar con una Constitución Nacional, que consagra en su articulado las garantías suficientes como para que Venezuela contara con una economía sólida, el exacerbado intervencionismo del Estado ha producido que nuestro sistema económico sea reconocido a nivel internacional como uno de los más restrictivos que existen en el mundo actual, en tal sentido, de nada vale contar con una legislación moderna que promueva el desarrollo, si en contraparte es el mismo Gobierno Nacional el primero en violentarla.

En los últimos años, hemos visto como países latinoamericanos de similares características a las nuestras, han logrado desarrollar sus economías a tal punto que su crecimiento ha superado con creces cualquier período de la era contemporánea venezolana, países como Chile, Colombia, Perú y Brasil, cuentan con mercados competitivos y atractivos para los inversionistas internacionales, captando importantes recursos económicos y potenciando nuevos puestos de empleo de calidad para sus ciudadanos, mejorando así las condiciones sociales de la población y la calidad de vida en general. Cabe destacar que el crecimiento abismal que han vivido estos países, ha sido producto de la apertura, de las libertades económicas y una limitada participación del Estado, sin importar si sus gobiernos de turno son de una u otra ideología política, siempre se le ha dado continuidad a las políticas económicas en el tiempo, permitiendo que el crecimiento sea sostenido.

Venezuela, cuenta con potencialidades extraordinarias, tanto por su ubicación geopolítica como por sus cuantiosos recursos naturales, lo tenemos todo como para convertirnos en un país desarrollado, en el que sus ciudadanos puedan desenvolverse libremente y progresar, todo esto como producto de su trabajo y esfuerzo, pero lamentablemente la implantación de un sistema político populista – clientelar, lo impide. Para el Estado es preferible tener cada vez más ciudadanos dependientes de las asignaciones económicas otorgadas bajo una clara y evidente discrecionalidad política, que el tener un país de ciudadanos emprendedores, que dependan de su propia capacidad productiva.

En tal sentido, no solo basta con contar con la legislación necesaria,  también se hace necesaria la debida voluntad política del Gobierno Nacional para evolucionar y progresar, en un mediano plazo debemos pasar de un modelo netamente clientelar, en el que buena parte de los ciudadanos dependen de las dádivas del Gobierno, a un modelo socio – económico en el que sean los propios ciudadanos los dueños de su destino, abriendo nuestra economía a los capitales foráneos, otorgando las necesarias garantías jurídicas para fomentar el emprendimiento y la producción nacional y sobretodo limitando la participación del Estado en la economía a los ámbitos estrictamente necesarios o considerados como estratégicos

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Venezuela, Estado interventor

Por Homero Ruiz

El modelo económico venezolano, consagrado en la Constitución de 1999, se caracteriza por procurar la justicia social partiendo de una aplicación efectiva del principio de la justicia tributaria y la preponderancia del imperio de la ley. En tal sentido, el estado se compromete en procurar todos los recursos que sean necesarios para implementar una política altamente fundamentada en el “gasto social”, así como también financiar la totalidad del gasto público, garantizando así la mayor suma de felicidad posible y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, todo esto bajo la implementación de una serie de principios que en muy pocos casos se cumplen, como la libre competencia, la protección al ambiente o promover el desarrollo de la iniciativa privada.  En este sentido, podríamos afirmar que el mismo Estado venezolano, es el primer transgresor del ordenamiento jurídico y a lo largo de los ya casi catorce años de gobierno de Hugo Chávez Frías, el modelo económico venezolano es uno de los más controlados en el mundo.

La existencia de un sistema de control de cambios limita seriamente las posibilidades de los ciudadanos a realizar transacciones económicas con otros países, conseguir divisas se hace prácticamente imposible, lo que trae como consecuencia que la empresa privada se vea obligada a conseguirlas en el mercado negro, con un precio que dobla a la tasa oficial, generando una inflación incontenible que durante la última década, supera el novecientos por ciento.

Durante los últimos años se ha producido una radicalización en las actuaciones del Gobierno Nacional, en aras de procurar la evolución del Estado hacia el auto denominado por el Presidente de la república “socialismo del siglo XXI” producto de esta radicalización, se han expropiado cientos de empresas en plena producción, bajo la excusa de considerar que las mismas son de interés estratégico para la nación, casos como las empresas cementeras, CEMEX, LAFARGE y HOLCIM, todas internacionales, redes de supermercados, cadenas de hoteles, distribuidoras de insumos para la producción agrícola, embotelladoras, empaquetadoras de café y granos, es decir, para Chávez cualquier empresa que le sea provechosa para el avance de la “Revolución” es considerada como estratégica.

Esto ha traído como consecuencia una fuga importante del capital extranjero que se encontraba invertido en el país, ya que las empresas prefieren migrar, antes que resultar expropiadas y además correr el riesgo de no recibir ningún tipo de indemnización por sus bienes, constituyéndose de esta forma reiteradas y flagrantes violaciones a propiedad individual, la libre empresa y el derecho al trabajo.

Aunado a esto, se han producido regulaciones legislativas como la “Ley de Costos y Precios Justos” que se encarga fijar precios tope a una buena cantidad tanto de productos, como de servicios prestados por la empresa privada a la ciudadanía, de igual manera la “Ley para la Regularización y el Control del Arrendamiento de Viviendas” con la cual el estado se reserva la potestad de fijar los cánones para el alquiler de viviendas, limitando así la posibilidad de que sean los propietarios los encargados de fijar los mismos.

Se ha venido incrementando el intervencionismo del estado mediante la implantación de un sistema de fijación de precios de forma unilateral vía decreto Presidencial en los alimentos de la cesta básica, lo cual ha llevado a   miles de empresas a producir a pérdida o simplemente a declararse en quiebra ante la imposibilidad de mantener sus operaciones, violando  flagrantemente los principios de libertad económica y libre competencia, que se encuentran consagrados en la Constitución.

En resumidas cuentas, podríamos decir que son muy pocos los principios consagrados en la Carta Magna que en realidad son respetados por el Estado venezolano, que en los últimos tiempos se ha convertido en una suerte de “estado forajido”, al que le llueven las demandas en los organismos jurisdiccionales internacionales, como consecuencia de sus actos violatorios del Estado de derecho, lo que ha traído consecuencias fatales para la economía nacional.

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