En el marco de la conmemoración de los 15 años de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Homero Ruiz representante del estado Táchira ante la Asamblea Nacional, manifestó que dicho instrumento legal hoy es letra muerta. NP
Durante las sesiones extraordinarias que se han desarrollado esta semana en la Asamblea Nacional, fue presentado un acuerdo en conmemoración de los 15 años desde la aprobación mediante el voto popular de la Constitución del 99. En representación de la alternativa democrática, el diputado Homero Ruiz, afirmó que “ese gran pacto social que es nuestra Constitución, instrumento que consagra todos los derechos y premisas que deben regir el progreso y el desarrollo de Venezuela tanto en lo económico, lo político y lo social ha sido incumplido en buena parte del gobierno nacional durante estos 15 años”.
Ruiz manifestó que en materia económica, desde el gobierno se ha venido implementando un modelo distinto al consagrado en la Constitución Nacional, “nuestra Carta Magna contempla un modelo económico en el que se trabaje de manera mancomunada entre la iniciativa privada y el Estado, respetando siempre la libre competencia, para generar así un modelo económico de mercado”, dijo.
“Pero lamentablemente, durante estos 15 años hemos visto como sistemáticamente desde el Gobierno Nacional se ha hecho todo lo contrario. Las expropiaciones y nacionalizaciones de empresas productivas, aunado a las excesivas restricciones y controles han traído como consecuencia la destrucción del aparato productivo nacional, fomentando así que hoy en día tenga una de las inflaciones más altas del mundo y que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se haya visto mermada considerablemente”.
En lo político, se refirió a la imposición constante de lineamientos políticos por parte del partido de gobierno sobre los distintos poderes del Estado.
“Nuestra Constitución consagra entre sus principios fundamentales la separación de poderes. En un sistema de gobierno democrático debe prevalecer la independencia en los poderes públicos, ya en que ella se fundamenta la estabilidad política e institucional de la nación. En Venezuela sucede todo lo contrario, siempre impera el criterio político del PSUV sobre el estado de derecho. Ejemplos hay muchos, el caso del Tribunal Supremo de Justicia que durante los últimos 9 años ha producido más de 45.000 sentencias de las cuales no hay ni una en que los ciudadanos le hayan ganado una causa al Estado”.
De igual manera, el diputado reseñó el caso de la Fiscalía, desde donde se impulsan solo las investigaciones que le convienen al Gobierno Nacional, “nosotros hemos consignado pruebas ante esa instancia de no menos de 15 casos de corrupción que le han generado severos daños patrimoniales a la nación, y todas han sido engavetadas. Además de esto, la Constitución entre sus disposiciones transitorias emplaza a la Asamblea Nacional a legislar sobre varias materias importantes, estamos en mora con leyes como la de fronteras y la de hacienda pública estadal”.
En cuanto a lo social, el diputado tachirense hizo referencia a la premisa consagrada en la Constitución sobre la cual el Estado tiene la obligación de invertir buena parte de sus ingresos en el gasto social.
“La Constitución obliga al Estado a destinar recursos a la inversión social, entendida esta inversión como un medio que pueda facilitarle a la gente herramientas para salir de la pobreza y así generar progreso, pero lamentablemente, estas ingentes cantidades de recursos que se han destinado desde el Gobierno Nacional en programas sociales, tienen como fin generar una relación de dependencia entre los beneficiarios y el Estado”, señaló Ruiz.
El diputado concluyó diciendo que estos 15 años han sido tiempo perdido para Venezuela, “ya que ese gran pacto social que es nuestra Constitución, es pisoteada a diario por el Gobierno y buena parte de su articulado hoy en día es letra muerta y en ello radica el rotundo fracaso de los gobiernos chavistas. Si en Venezuela se cumpliera a cabalidad con el modelo económico, político y social consagrado en la Constitución la situación fuera distinta”.
